El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que propone castigar con cuatro a ocho años de prisión a quienes se dediquen a la facturación de operaciones simuladas o a la emisión de comprobantes electrónicos falsos.
Este es uno de los tres proyectos de ley sobre temas fiscales presentados por Hacienda. La iniciativa incorpora el artículo 92 bis al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para tipificar un nuevo tipo penal aplicable a quienes incurran en esta práctica.
“La Administración Tributaria se enfrenta a un tipo de delincuencia organizada, en la cual hay toda una planificación y estructuras robustas, cuyo objetivo es vulnerar flagrantemente el sistema tributario costarricense”, argumentó Hacienda en la propuesta de ley.
El Ministerio enfatizó que es necesario aplicar sanciones más severas contra las personas que participen en la facturación de operaciones simuladas, razón por la cual plantea castigar la comercialización de comprobantes falsos.
El proyecto crea un delito que sanciona con entre cuatro y ocho años de prisión la emisión, venta, compra y comercialización de facturas electrónicas falsas para evadir impuestos, ya sea de forma directa, a través de un tercero o mediante una persona jurídica.
La iniciativa plantea castigar estas conductas tanto si el beneficio patrimonial se obtiene para el infractor como para un tercero, sin importar el monto por el que se expidan los comprobantes.
Si la Administración Tributaria detecta indicios de la conducta tipificada durante sus controles, presentaría la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público contra los presuntos responsables.
Suspensión de facturación
La iniciativa también plantea reformar el artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para facultar a la Administración Tributaria a bloquear la emisión de comprobantes electrónicos con fines tributarios de quienes sean declarados infractores por emitir facturas que respalden operaciones simuladas.
La propuesta dispone que un reglamento establecerá el procedimiento administrativo mediante el cual la Administración Tributaria podrá declarar a un contribuyente como infractor y ordenar el bloqueo, catalogado como una medida cautelar.
Como consecuencia de esa declaratoria, el contribuyente será bloqueado en el sistema Tribu-CR, o en cualquier otra plataforma habilitada por Hacienda, hasta por cinco años, por lo que no podrá emitir comprobantes electrónicos con fines tributarios.
“(...) la Autoridad Tributaria suprimirá o bloqueará en la plataforma electrónica utilizada por el Ministerio para los trámites tributarios, las funcionalidades para emitir los comprobantes electrónicos para fines tributarios a los sujetos o entidad infractoras hasta por 5 años”, se lee en el documento.
Lista pública
El Ministerio también propuso que el nombre de la persona física o jurídica catalogada como infractora por la emisión de comprobantes electrónicos falsos en la vía administrativa se publique en las consultas públicas tributarias, con el fin de que “la población se entere y corte cualquier nexo comercial”.
El proyecto señala que, de igual manera, se aplicarían los demás efectos que genera la consulta pública tributaria, que actualmente incluye el listado de personas que incumplen con sus obligaciones tributarias, tales como la denegatoria de permisos y concesiones por parte de los entes públicos.
Sanciones administrativas
El proyecto también endurece las sanciones administrativas por el uso de facturas falsas. La iniciativa elimina el requisito de que esos comprobantes representen más del 10% de la base de la sanción para imponer una multa equivalente al 150% del impuesto dejado de pagar.
Con la reforma, el simple uso de una factura, justificante u otro documento falso o alterado será suficiente para aplicar esa multa, siempre que la Administración Tributaria determine la infracción durante un proceso de fiscalización.
Fraude fiscal
La Dirección General de Tributación (DGT) estima que las empresas identificadas como parte de esos esquemas acumulan una cadena de facturación superior a ¢772.000 millones, según el proyecto de ley.
No obstante, Hacienda aclara que esa cifra corresponde al monto total de los comprobantes emitidos por esas empresas y no implica que todos hayan sido utilizados por los contribuyentes para obtener beneficios fiscales indebidos.
En la exposición de motivos, Hacienda remarcó que el fraude fiscal “es una de las principales amenazas para la integridad de los sistemas tributarios”. Añadió que identificó dos de los principales esquemas de fraude tributario: la utilización de proveedores falsos y la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
Según Hacienda, estos esquemas suelen involucrar “empresas de papel” que emiten los comprobantes sin que exista una transacción económica real. Quienes utilizan esas facturas pueden registrar gastos inexistentes y generar créditos fiscales para disminuir el impuesto sobre las utilidades y el IVA.
Estas prácticas son detectadas mediante cruces de información de la facturación electrónica, verificación de domicilios fiscales, análisis de la capacidad operativa de los proveedores y revisión de redes de facturación, entre otros mecanismos.